Extret de El Otro País
La oligarquía financiera alcanza sus objetivos salariales
Andreu García Ribera
Hace año y
medio, desde las páginas de EL OTRO PAÍS, denunciaba la gigantesca
ofensiva que el capitalismo ha lanzado contra los trabajadores en este
último período histórico. Escribía esto a cuenta de la reforma laboral
impuesta en 2010 por el PSOE a gusto y medida de los empresarios, como
todas las reformas laborales habidas.
Tras el final de la guerra fría con la derrota del campo socialista en
el Este de Europa, el sistema capitalista se lanzó a una estrategia
denominada “El Consenso de Washington”, caracterizada por la
privatización del sector público, la apertura externa de las economías
sin límite, el recorte del gasto social y la desregulación del mercado
de trabajo. A partir de este momento el capital no ha cejado en la
destrucción de históricas conquistas de la clase trabajadora en los
países desarrollados.
Decíamos en nuestro anterior artículo que la crisis desatada en 2008,
bajo una fachada meramente financiera, constituía una manifestación
aguda de las contradicciones estructurales del sistema capitalista y que
la llamada financiarización de la economía es la huida del capital
productivo y comercial hacia el territorio de la especulación. Bajas
tasas de inversión en la economía productiva alimentaron una elevada
tasa de desempleo, lo cual espoleó a la burguesía en su ofensiva contra
las conquistas sociales de la clase trabajadora.
En este contexto histórico, la presente reforma laboral impuesta por el
gobierno del PP, al dictado de los intereses del Banco Central Europeo y
el FMI, no tiene otro objetivo que fortalecer los mecanismos de
dominación del capital sobre el trabajo asalariado.
Ahora le toca el turno de verdugo de los derechos laborales al PP,
pero no nos dejemos engañar por el toque a rebato del PSOE, el gobierno
continua la misma senda de la contrarreforma laboral auspiciada por el
PSOE con el Real Decreto-Ley 10/2010, que ya descausalizó el despido
colectivo minimizando el control judicial y bastando la acreditación
mínima de la razonabilidad extintiva para justificar el despido
colectivo de trabajadores. Decíamos entonces que con la reforma del PSOE
se podrían aprobar expedientes de regulación de empleo sin necesidad
siquiera de acreditar pérdidas. Con una CEOE triunfal, el PP da un giro
de tuerca y suprime la necesidad de autorización administrativa en los
despidos colectivos
La reforma de 2010 reguló un contrato de fomento de la contratación
indefinida, que lo único que proponía era la reducción de la cuantía de
la indemnización. Cuando un despido por causas objetivas fuese declarado
improcedente, la indemnización se reducía de 45 días por año a 33 días
por año y de un tope de 42 mensualidades bajaba a 24 mensualidades. Este
contrato, a la postre, no sirvió para crear empleo y menos de dos años
después nos encontramos con un millón más de parados. La experiencia
también demostró que no sirvió para disminuir el empleo precario, su
única funcionalidad radicó en despedir obreros a un coste más bajo.
Justo lo que profundiza el Real Decreto-Ley 3/2012, recientemente
aprobado, que generaliza la rebaja de la indemnización por despido
improcedente a 33 días por año trabajado. Esta rebaja se impondrá a
partir de su entrada en vigor, pero la reducción del tope máximo a 24
meses se extenderá a todos los contratos, fuese cual fuese su fecha de
inicio.
De todas maneras, lo dicho anteriormente no deja de ser mala
literatura jurídico-laboral, porque lo que realmente han conseguido los
empresarios es “el todo a 20” en materia de despido. Se mantiene el
despido por causas económicas con 20 días de indemnización con la
existencia de pérdidas actuales o previstas y se añade, por si fuera
poco, como causa de extinción contractual, la disminución persistente
del nivel de ingresos o ventas, entendiéndose como persistente la
disminución durante tres trimestres consecutivos. Por ejemplo, un banco
que, sin presentar pérdidas, vea reducidos durante nueve meses sus
beneficios, podrá despedir a razón de 20 días por año con el límite de
12 mensualidades. La pajera del despido barato ha sido abierta y la
voracidad empresarial sólo será satisfecha con la realización de su
viejo sueño del despido gratis.
